A- de 2020

Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre la Sala de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad.

En este caso sólo se presentó un conflicto aparente entre las autoridades involucradas.

Esto, porque el Tribunal se basó en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, mientras que el juzgado se limitó a poner de presente tal situación y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que se pronunciara sobre la misma petición.

Considera la Sala Plena que dicha Corporación aplicó erradamente una regla de reparto, a pesar de que la misma no desplazaba su competencia.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la autoridad judicial a quien primero se repartió el mismo, esto es, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, para que de manera inmediata lo tramite y adopte la decisión de fondo que corresponda.

Se hace una advertencia a este despacho para que en lo sucesivo se abstenga de sustraerse del conocimiento de acciones de tutela con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, que fueron modificadas parcialmente por el Decreto 1983 de 2017, en tanto ello desconoce el derecho positivo y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Al otro operador jurídico se le advierte que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.